El grupo de gobierno ha sacado a licitación este contrato por valor de 90 mil euros para presentar la impugnación de los permisos ante el Tribunal Supremo y “la única explicación que se ha dado es que la suma de esta cantidad se ajusta al precio del mercado”.
Fuerteventura será la única isla que se gaste esta cantidad en dichos servicios ya que Lanzarote, también gobernada por CC, ha rescindido el contrato con el bufete de abogados que ahora contrata Fuerteventura por considerarlo “demasiado caro”.
“Mientras que nosotros nos gastaremos 90 mil euros, Lanzarote, cuando impugnó los permisos en el 2004 pagó 50 mil, por un proceso ya finalizado” denuncian los populares, “y ahora, “sólo” se gastarán 15 mil”.
Además el PP no entiende cómo el Cabildo ha presentado recursos ante la Unión Europea y en la solicitud de audiencia del Ministerio de Industria sin “despilfarrar” 90 mil euros y ahora “necesitan gastarse esa cantidad para defender una postura de un grupo de gobierno que desprecia a los ciudadanos que sí están a favor del proyecto”.
Los populares tildan de “desastre” la gestión del grupo de gobierno del PSOE Y CC porque, mientras en “Lanzarote se han llevado a pleno la propuesta de impugnación para después adjudicar la representación letrada, en Fuerteventura se hace todo al revés: primero se adjudica el contrato y después se acuerda impugnar los sondeos”.
Para los populares, este grupo de gobierno está “anclado en el radicalismo y el pataleo, y mientras en la isla vecina los trámites se realizan en tiempo y forma, en Fuerteventura todo se improvisa porque se han dado cuenta que el plazo para presentar dicha impugnación finaliza el día 16”.
A los 90 mil euros que ahora se van a gastar en abogados, hay que sumar los que ya se han despilfarrado en la campaña de “sensibilización e información” en contra del proyecto, cuya cifra aún desconocen los populares pero para la que han pedido una “solicitud detallada de gastos y partidas presupuestaria a la que ha sido cargada la convocatoria”.
El PP de Fuerteventura no apoyará los despilfarros de este grupo de gobierno porque parece que “el Cabildo prefiere renunciar al apoyo a los colectivos sociales, culturales y deportivos de la isla, que gastarse su dinero en proyecto para los majoreros”.
El PIOF, en el que se han gastado cerca de 70 mil euros de las arcas públicas majoreras y más de 480 mil del Gobierno de Canarias, para ahora rechazar su redacción, y ahora la defensa letrada por valor de 90 mil euros, son claros ejemplos de que “el Gobierno del Cabildo de Fuerteventura vive desconectado de las necesidades de los majoreros, y no prioriza los gastos en necesidades básicas para los ciudadanos de la isla como la educación, la sanidad, el apoyo a las renovables o la mejora de las infraestructuras”.
